La Junta aparta de sus funciones al Delegado de Empleo tras su detención

  La Junta de Andalucía ha decidido apartar de sus funciones a los delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación iniciada por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la administración autonómica que investiga la juez Mercedes Alaya, aunque ha querido dejar claro que las considera personas “honestas e íntegras” y ha pedido respeto a su “presunción de inocencia”.

Eduardo Manuel Muñoz

Eduardo Manuel Muñoz

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. Tras señalar que el Gobierno andaluz “no conoce los detalles de la operación”, sino únicamente la “información publicada en los medios de comunicación”, Vázquez ha explicado que, aunque la Junta respeta la “presunción de inocencia” y está “convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras”, ha decidido “apartarlos de sus funciones” porque es necesario “actuar de manera implacable” con el objetivo de “preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía”.

Según informa Europapress, Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.

Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, han sido detenidas entre 15 y 20 detenciones, entre ellas el actual delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza, todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero.

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la “gravedad” de los hechos y tras detectar distintas “bolsas de fraude” que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la “existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación” y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, “y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración”.

En segundo lugar, la instructora aludía a la “existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de ‘Concurrencia no Competitiva’, planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento”, lo que también fue declarado secreto.
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En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, “se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución”.

EL SAE

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las “distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma”.

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero “se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación”, señalando que “del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando”.

En este sentido, indica que, “analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes”.

Todo ello “atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba”.

 

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